Oposición política boliviana se aferra a su “derecho” propietario de la tierra

Comenzó la campaña política con vistas a las elecciones de diciembre próximo.

La oposición sabe que no tiene candidato capaz de enfrentar al actual presidente Evo Morales.

Sabe que las elecciones de diciembre son la última oportunidad para quedarse con los enormes territorios que mantienen y de los cuales no pueden probar su origen de propiedad.

A tiempo de conseguir un nombre que sea la cabeza de un frente amplio, los prefectos de Santa Cruz, Beni, Tarija y Chuquisaca, van a encabezar una oposición cerrada al gobierno con el objetivo de desgastarlo, única forma de encontrar una chance para llegar a diciembre con posibilidades.

Irónicamente, para iniciar el “bloqueo” político en el país, los opositores van a intentar impedir a todo costo la implementación de las autonomías en los nueve departamentos. Y para eso, no van a aceptar la llamada al diálogo del gobierno. Pero no solo no irán a presencia del presidente, sino también buscarán mantener la discusión a través de los medios, como forma de politizar en busca del desgaste.

Por su lado, el gobierno está manteniendo, con relativo éxito, distancia de los asuntos puramente policiales y de justicia, como las detenciones del prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, y algunos de los acusados por la matanza del mes de noviembre en la localidad de Porvenir.

El gobierno evita politizar también la corrupción encontrada en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), a tiempo de prometer un lucha intensa contra la corrupción. En ese sentido camina la posesión de dos nuevos vice ministros que trabajarán con la ministra Narda Suxo, de la cartera de Anticorrupción.

Así, el ex presidente de Yacimientos y ex hombre fuerte del MAS, Santos Ramirez, cayó nomás en desgracia y su aprisionamiento será la bandera del gobierno como muestra de que nadie está fuera del alcance de la justicia.

En el fondo, este bloguero vuelve a repetir, el problema es la tierra.

Gente boliviana y del exterior tiene enormes cantidades de tierra, no saben explicar su derecho propietario y van a luchar con todas las fuerzas para evitar la aplicación de las leyes que la Nueva Constitución Política del Estado (NCPE) exige.

Para quienes tienen actualmente más de 200 y 300 mil hectáreas de tierra, será difícil aceptar las 5 mil hectáreas que la NCPE permite.

Perder sus extensas propiedades será lo mismo que tener que abandonar el país.