Por costumbre y debido a la historia boliviana de los últimos 50 años, los actos políticos son propositadamente confundidos con otros que tienen contornos puramente forenses, o sea, delictivos.
Es el caso de las últimas detenciones que el Ministerio Público determinó dentro del proceso de la matanza ocurrida en Pando el año pasado.
No entiendo cómo políticos de oposición y los medios de comunicación oposicionistas reclaman de esas detenciones, con el pretexto de que fueron realizadas en horas de la madrugada, si las mismas tienen directamente que ver con la tortura y el asesinato de muchas personas.
Además, anteriormente, los detenidos fueron notificados por la Fiscalía para que se presenten a declarar, pero hicieron caso omiso.
Recordemos que debido a ese mismo proceso, se encuentra en la cárcel el ex prefecto Leopoldo Fernández.
Si son culpados o no, eso lo decidirá la justicia.
Lo que no se puede es intentar que un hecho criminal se vuelva un facto político.
Hasta parece que la oposición desea que la Fiscalía avise a los acusados qué día y a qué hora serán detenidos y que esta acción acontezca sin la ayuda de la policía.
¿Cuantos asesinatos y actos de corrupción en el país se encuentran hasta ahora impunes debido al descaso de los señores fiscales que atendieron siempre a las presiones de gobiernos de turno?
Por otro lado, inmediatamente a la detención de cualquier ciudadano, el Ministerio Público tiene la obligación de ordenar la realización e exámenes médicos en los detenidos y comunicar a los mismos y a la opinión pública, vía medios de comunicación, el porqué de las detenciones. Cosa que hasta ahora no lo hizo.
Si queremos cumplir la ley, cumplámosla a cabalidad.
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