Los gobiernos de los países a que pertenecían y pertenecen los terroristas muertos y presos en Santa Cruz de la Sierra, lamentaron y exigieron explicaciones del gobierno de Evo Morales a respecto de la muerte y encarcelamiento de sus conciudadanos que fueron pillados con armamento, mapas, nombres de posibles víctimas y dinero.
Que ellos no estaban haciendo turismo, es cierto.
Que tienen antecedentes criminales internacionales, también parece estar claro.
Que tenían ligaciones con empresarios bolivianos y descendientes de extranjeros también está explicado por el depósito de armas encontrado en las instalaciones de Cotas en el recinto ferial de la capital cruceña.
Ahora, nos parece que no todo está contado; muchas informaciones vendrán apareciendo paralelamente a las investigaciones.
RECLAMO DE GOBIERNOS
Con el derecho internacional que les es permitido, los gobiernos de países a los que los terroristas pertenecían, pueden pedir informaciones al gobierno boliviano, están en su derecho y así lo hicieron.
Por ejemplo, el canciller húngaro, Peter Balázs, declaró que “las víctimas pudieron haber sido utilizadas como instrumento de luchas políticas internas”
Michael Martin, canciller de Irlanda…”hay versiones contradictorias”, a respecto de las muertes y aprisionamiento de los terroristas.
Hasta ahí todo bien, no fuese el detalle de que, según protocolo diplomático internacional, los representantes de gobiernos, no pueden pedir informaciones a través de los medios de comunicación internacionales. O sea, lo mínimo que debieran hacer, es utilizar los canales diplomáticos existentes para hablar con el gobierno boliviano.
Por ello, causa, en lo mínimo, sorpresa, cómo opositores del gobierno de Evo Morales colocan sus intereses políticos por encima de los intereses y la seguridad de Bolivia.
Si no, veamos y leamos:
Oscar Ortiz, presidente del Senado y Rubén Costas, prefecto de Santa Cruz de la Sierra, reclamaron porque el gobierno no respondió al pedido de informes de los países a que pertenecen los terroristas muertos y encarcelados.
Los ex cancilleres Javier Murillo y Armando Loayza pidieron, “en nombre de la diplomacia internacional”, que el gobierno de Evo Morales informe a esos gobiernos a respecto de las muertes y suerte de los terroristas.
En cualquier parte del mundo, el terrorismo es investigado de forma conjunta entre los países involucrados y afectados; se lo hace de forma diplomática, sin imposiciones.
Si hay interés y voluntad política en esclarecer las actividades de terroristas internacionales, las investigaciones se las hace en sigilo absoluto.
El terrorismo no escoge victimas, su labor es el caos y la muerte justamente para crear terror.
Por ello, la investigación y su castigo independe (o por lo menos así debiera ser) de posiciones políticas.
El terrorismo generalmente es un híbrido de intereses ideológicos radicales y fanáticos e intereses económicos.
Por ello, lo mínimo que se puede exigir de políticos oposicionistas bolivianos y ex cancilleres, un mínimo de cuidado con sus declaraciones.
En tiempo, las comillas que acompañan a la palabra “oposición” en el título, es porque este bloguero continua acreditando que en Bolivia no hay oposición política.
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