Si amparados por la obscuridad y en la calada de la noche algunos sujetos colocan una bomba en casas particulares; si aprovechando la convulsión social ciertos elementos hacen explotar un gasoducto, ¿cómo deben ser llamados?
Si mercenarios extranjeros preparados para crear caos y organizar milicianos nacionales son pillados en hoteles de lujo con armas de última generación, ¿cómo deben ser calificados?
¡Terroristas, claro!
Aquí y en cualquier parte del mundo.
Después de los atentados a las Torres Gemelas en Nueva York, el mundo se colocó en alerta contra aquellos que tienen en la muerte su forma de vida.
Los gobiernos de todo el mundo utilizan la ley y otras armas democráticas para salvaguardar la seguridad de los países y sus habitantes.
En Bolivia, el llamado “decreto ley” está amparado por la Constitución que permite que siempre que necesario el presidente de la república lo utilice.
El Decreto 138, que pune a quienes financien el terrorismo, promulgado por Evo Morales, va en esa dirección.
Para nadie es secreto que mercenarios internacionales solamente trabajan cuando son reciamente pagados.
Y los terroristas extranjeros pillados en un hotel de lujo de Santa Cruz de la Sierra vinieron a Bolivia ciertamente a realizar un trabajo remunerado.
Entonces es función de los fiscales descubrir quién o quienes los contrataron y les pagaron.
Ese esa una labor necesaria para castigar a los financiadores de la muerte.
Y el gobierno boliviano y la justicia no pueden quedarse esperando que otras células de mercenarios lleguen a Bolivia para concluir lo que los terroristas muertos y encarcelados no pudieron hacer.
Por ello, el Decreto 138 sirve para advertir a posibles financiadores que tienen sus actividades legales en Bolivia, que se abstengan en ese cometido, porque van contra la ley.
En ese sentido, ningún sector puede estar fuera de la ley.
Nunca una frase fue tan justa para este momento boliviano:
“El que nada tiene, nada teme”
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